En un sistema electoral de mayorías como el nuestro, el partido político que gana la contienda electoral obtiene todo el poder, y el presidente de la República tiene la libertad para poner y sacar al primer ministro y ministros de Estado sin la intervención del Congreso. Este criterio no se afecta por la interpelación, ni censura del parlamento a un ministro, que trae como consecuencia su renuncia, ya que el presidente tiene la potestad de reemplazar al ministro o gabinete censurado.

Nuestro diseño constitucional de equilibrio de poderes acertadamente protege la institución presidencial, en virtud de lo cual es riguroso en establecer las causas para acusar al presidente o vacarlo (Art. 117° y 113° de la Constitución). También protege al Legislativo, sin embargo, se interpretó indebidamente que el primer ministro tenía la potestad “abierta”, en la práctica sin límites, de hacer cuestión de confianza, facultando al presidente a disolver el Congreso cuando éste haya censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros.

Vizcarra usó la cuestión de confianza para generar reformas constitucionales como la no reelección parlamentaria y la eliminación de la inmunidad parlamentaria (parte de la fallida reforma política), como amenaza para evitar la censura a un ministro, por ejercer competencias propias del Congreso como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, o aprobar leyes modificando los proyectos planteados por el Ejecutivo, es decir, se debilitó al parlamento en ventaja del Ejecutivo, rompiéndose el equilibrio de poderes; era necesario corregir.

El Congreso aprobó por insistencia la Ley 31355, mediante la cual se restablece el equilibrio de poderes, minado en los hechos por el régimen de Vizcarra. No se podrá plantear cuestión de confianza en materias relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni sobre procedimientos y competencias exclusivas del Congreso o de otros organismos constitucionalmente autónomos.

El JNE ha comunicado al Congreso que no se podrá implementar elecciones primarias para los procesos regionales y municipales del próximo año, asimismo, sugieren una reforma política integral. Tarea pendiente para corregir el legado del “lagarto”.