Han pasado siete años desde que la corrupta Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que para ganar licitaciones y ejecutar obras en diversos países, entre ellos el Perú, se dedicó a sobornar a presidentes, alcaldes y funcionarios de diferentes niveles. Sin embargo, hasta ahora no hay sentencias. Lo único que hay es la sensación de que nos robaron y que la impunidad se mantiene.

Se señaló con nombre y apellidos a altísimos funcionarios de diferentes gobiernos. Hablaron los colaboradores eficaces y algunos implicados hasta confesaron sus delitos, como la exalcaldesa Susana Villarán, quien en 2019, sí, hace casi cinco años, dijo que había recibido plata sucia de los brasileños delincuentes. Sin embargo, ni ella ha sido sentenciada. Es más, goza de libertad.

El Ministerio Público, tan cuestionado hoy, tendrá que evaluar si mantiene o manda a su casa a los fiscales politizados que han estado a cargo de estas investigaciones que no han mostrado resultados en la lucha contra la corrupción. De prisiones preventivas luego revocadas y embargos de bienes, varios de ellos abusivos, no han pasado.

Si seguimos con un Ministerio Público con un actuar como el que hemos visto desde inicios de 2017, no vamos a ninguna parte. Se hace justicia sustentando casos y presentándolos debidamente al Poder Judicial para que dé sentencias, no yendo a entrevistas en televisión, figureteando ni victimizándose.