El caso del repartidor venezolano de comida que fue amenazado con un arma de fuego al llegar a una casa de San Isidro, en Lima, por un sujeto que le reclamó por su nacionalidad, resulta condenable e inaceptable por donde se mire, y debe llevar a la aplicación de las sanciones más drástica para este ciudadano identificado como Roberto Valdivia Osorio.

No podemos entrar a un mundo de barbarie ni de acciones delictivas de este tipo y menos cuando de por medio hay un tinte de xenofobia hacia las víctimas, sean de Venezuela o de cualquier otro país.

Es innegable que en la población existe un malestar por actos al margen de la ley cometidos por venezolanos, muchos de ellos ilegales, que se han sumado a los que ya perpetraban a diarios nuestros compatriotas. Sin embargo, para eso están las leyes y el trabajo de la Policía Nacional.

El Ministerio Público debe actuar con rectitud ante la actitud de Valdivia Osorio, que de por sí es un peligro público. Las autoridades están en la obligación de velar por la integridad de las personas, sin importar su nacionalidad.