Aprueban proyectos para sancionar a personas jurídicas que incurran en actos de corrupción

En la reciente sesión del Consejo de Ministros se aprobaron dos proyectos de Ley referidos a la lucha contra la corrupción que se constituirán en herramientas eficaces para enfrentar ese flagelo.

La primera ministra, Ana Jara, precisó que las iniciativas legislativas se refieren a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción en la administración pública y al proyecto de ley que regula la responsabilidad penal de personas jurídicas de derecho privado en actos de corrupción.

El primer proyecto consiste en proteger a los denunciantes de actos de corrupción durante la realización de cualquier trámite que realicen, así como los actos indebidos dentro de cualquier sede administrativa, salvaguardando la identidad del denunciante, a fin de evitar represalias.

La segunda iniciativa se refiere a la responsabilidad alcanza también a las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, sociedades irregulares y aquellos entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta por los delitos previstos en los artículos 384, 387, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal.

Estos delitos están tipificados como colusión simple y agravada; peculado doloso y culposo; cohecho activo y tráfico de influencias.

Este proyecto elaborado en el seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros, plantea que en caso determinarse responsabilidad, el juez puede aplicar medidas contra la empresa que van desde la aplicación de una multa pecuniaria, disolución o clausura de sus locales o establecimientos, la cancelación de las licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales, hasta la inhabilitación para contratar con el Estado.

Jara dijo que la propuesta legislativa constituye una herramienta jurídica que permitirá combatir el soborno transnacional, neutralizar y sancionar el accionar de las empresas, así como también de su administrador o empleados por la comisión de hechos delictivos.