Dos días después de que una resolución judicial ordenase suspender el proceso sumario que enfrentan los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso de la República, dicho poder del Estado reaccionó y presentó en el Tribunal Constitucional (TC) un escrito para solicitar que este anule la medida cautelar en cuestión.
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Fue el procurador del Parlamento, Manuel Peña Tavera, quien interpuso el recurso en favor del Legislativo.
En el respectivo documento, Peña Tavera invoca una sentencia competencial emitida por el máximo intérprete de la Carta Magna en febrero de este año, litigio que también enfrentó al Congreso y al Poder Judicial (PJ), luego de que este último dispusiera interrumpir la elección del defensor del Pueblo. La razón le fue concedida al Parlamento.
En su nuevo recurso, el defensor del Legislativo solicita al TC que, como parte de la ejecución de su fallo de febrero, “disponga la inmediata nulidad de la resolución” que suspendió el debate sobre la JNJ en el pleno.
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DESACATO
El procurador Manuel Peña argumenta que la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima -instancia que suspendió el proceso a los siete magistrados de la JNJ- contraviene “flagrante y expresamente” la sentencia constitucional y la autoridad del TC.
En esa línea, asegura que el fallo de la mencionada sala judicial es un “claro desacato de la interpretación” que hizo el Tribunal.
“Resulta especialmente preocupante que, a pesar de que el pedido de la medida cautelar de los miembros de la JNJ incide directamente sobre el ejercicio de una competencia constitucional, (la sala judicial) omite siquiera citar y no contenga ninguna referencia explícita a la sentencia del pleno del TC”, agrega.
El recurso del defensor del Parlamento es un nuevo procedimiento desencadenado por el fallo que suspende el proceso congresal a la JNJ. El primero vino por el lado de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la que abrió una investigación preliminar a los tres jueces de la citada sala constitucional, tras conocerse su fallo.
El punto de partida de dicha pesquisa fue la denuncia penal que presentó la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), el último miércoles, en contra de los tres magistrados, la que fue acogida de manera casi inmediata.
