Denuncian a Velásquez Quesquén y a Spadaro ante la Fiscalía
Denuncian a Velásquez Quesquén y a Spadaro ante la Fiscalía

Dos denuncias públicas relacionadas con la red ilícita del seudoempresario Rodolfo Orellana Rengifo llevaron ayer a la Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Christian Salas, a denunciar ante la Fiscalía de la Nación a los congresistas Pedro Spadaro (Fuerza Popular) y Javier Velásquez Quesquén (APRA).

La acusación busca aclarar una presunta participación en la organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos.

La denuncia también comprende a César Edgardo Velásquez Quesquén, hermano de Javier Velásquez Quesquén, así como al exalcalde de Lurín Jorge Marticorena.

En todos los casos se plantea investigar un posible delito de colusión.

MALOS PASOS

Los fundamentos de Salas para denunciar a Spadaro se sustentan en la documentación y declaraciones que prestó al Congreso el último martes el empresario Jorge Pazos Holder.

Este informó que el fujimorista supo de los negociados de Orellana cuando fue secretario general de la Municipalidad de Lurín, en el 2008.

Entonces, Orellana Rengifo se apoderó de 223 hectáreas de terrenos, a través de documentación falsa, usando a su testaferro Manuel Villacrez Arévalo.

El hecho fue denunciado ante el entonces alcalde de Lurín, Jorge Marticorena Cuba, y ante el propio Spadaro.

"Existe documentación que acredita que ambos funcionarios tuvieron conocimiento sobre el trámite que inició Villacrez (...) Sin embargo, no se presentó ninguna denuncia en su contra. Por el contrario, ese mismo año la Municipalidad de Lurín expidió nuevos documentos legales a favor del testaferro", se indica en la denuncia.

ESTUVO al TANTO

Además, la denuncia pone en conocimiento del fiscal Carlos Ramos Heredia que Pazos Holder se reunió en múltiples ocasiones con Spadaro a fin de explicarle el caso y mostrarle la documentación pertinente sobre las argucias de Orellana, pero nunca tomó en serio el tema.

Por ello, Salas sostiene que es necesario que se realicen las pesquisas respectivas a fin de que Spadaro y el exalcalde Marticorena aclaren su situación y, de ser posible, se establezca si tienen vinculación con la red de Orellana Rengifo.

DESFALCO ESTATAL

La denuncia presentada por Salas también se refiere al desfalco millonario que habría realizado Orellana en perjuicio del Estado peruano, entre los años 2008 y 2011, a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex).

Coopex no figuraba en la lista de empresas avaladas por la SBS, por lo que las cartas fianza que extendía no tenían respaldo financiero ni legal.

Así, según la denuncia presentada por Salas -en base a un informe de la revista Poder-, Coopex extendió cartas fianza para obras de los proyectos "Agua para todos" y "Colegios Emblemáticos" por S/.50 millones.

El fraude provino de las licitaciones del Ministerio de Vivienda que obtuvieron algunas empresas asociadas a Coopex.

Tal fue el caso de las obras en el Datem del Marañón (Loreto), a través del consorcio Tajimat; en Llata (Huánuco), a través del Grupo Humalíes; y en Boca del Río (Tacna), a través del Consorcio Boca del Río.

"SIPÁN" EN LA MIRA

Sin embargo, es en el caso del consorcio Clorinda Matto de Turner (Cusco) en el que la Procuraduría ha pedido una nueva línea de investigación en contra de los hermanos Velásquez Quesquén.

Primero contra César Velásquez Quesquén, por cobrar un cheque de S/.183,906 de la empresa Sansón S.R.L., que en consorcio con Chung & Tong Ingenieros se adjudicó la remodelación del Colegio Clorinda Matto de Turner.

Dicho consorcio extendió a través de Coopex una carta fianza por S/.6 millones, dinero que el Minedu desembolsó.

Según se refiere, el consorcio no participó en un concurso público, sino que logró la adjudicación directa gracias al Decreto de Urgencia 004-2009. Por ello se ha pedido también incluir en las pesquisas a Javier Velásquez para saber si como funcionario del régimen de entonces favoreció a su hermano.

Sobre "Sipán" también se ha pedido establecer su relación con Orellana, debido a que su actual asesor Rodolfo Reyna habría intervenido en la apropiación de un terreno de propiedad de Marta Tesén.