El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la implementación de medidas específicas para enfrentar la presentación de presuntas tachas maliciosas en los procesos de inscripción de organizaciones políticas y alianzas electorales, con el fin de garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en el marco de las Elecciones Generales de 2026.
De acuerdo con reciente jurisprudencia, el Pleno del JNE precisó que, en aplicación del artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) está facultada —y obligada— a evaluar la improcedencia liminar de las tachas que evidencien prácticas dolosas, sin necesidad de convocar a audiencia.
Según el organismo electoral, esta disposición busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en los procedimientos de inscripción.
En particular, se prestará especial atención a los casos en los que la tacha se sustente en la reserva fraudulenta de denominaciones en registros públicos, como SUNARP o INDECOPI, lo que constituye una vulneración al principio de buena fe procedimental.
En esos escenarios, la DNROP podrá declarar de inmediato la improcedencia y, cuando corresponda, remitir copias a la Procuraduría Pública del JNE y al Colegio de Abogados al que pertenezca el profesional que autorizó el escrito, a fin de que se determinen las responsabilidades legales.
El JNE recordó, además, que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción.
En ese sentido, se ha solicitado que se realicen las investigaciones pertinentes y se apliquen sanciones “con el máximo rigor de la ley a quienes pretendan distorsionar la participación democrática”.
Finalmente, el ente electoral exhortó a todas las organizaciones políticas a denunciar estos hechos sin demora, con el propósito de activar las acciones legales necesarias y evitar que actos maliciosos e ilícitos entorpezcan el normal desarrollo de los comicios de 2026.
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