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El contralor general de la República,, rechazó la decisión del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga de asumir, el miércoles último, la defensa legal de la primera dama , investigada en la Fiscalía por presunto delito de lavado de activos.

Y es el abogado de Nadine Heredia, actualmente, forma parte del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de, nada menos que, la propia Contraloría General de la República.

El tribunal, integrado por siete especialistas, tiene facultades para sancionar a cualquier servidor público que haya cometido irregularidades en perjuicio del Estado.

Quiroga, cabe indicar, fue designado en setiembre del 2012.

Bajo la óptica del referido órgano de control, sin embargo, el abogado de Nadine Heredia se encuentra envuelto en un evidente “conflicto de intereses”.

Consultado por  Khoury Zarzar explicó que un funcionario público “está sujeto a los principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública”.

“El asesoramiento a la presidenta del partido de gobierno (Nadine Heredia) presenta un conflicto de intereses que afecta el deber de neutralidad”, se lee en un comunicado enviado a este diario por la Contraloría.

ULTIMÁTUM. Pero no fue todo, pues Khoury Zarzar ordenó que, a la brevedad posible, solucione el problema con la finalidad de evitar mayores problemas al interior de su institución. “Sin mellar la autonomía del citado Tribunal, el contralor general de la República ha expresado su disconformidad con la situación y exhortado al miembro del Tribunal para que de inmediato ponga fin al conflicto de interés de la manera que estime conveniente”, se lee líneas más abajo.

Es decir, Quiroga deberá decidir entre conservar su empleo en la Contraloría o continuar ejerciendo la defensa legal de la Primera Dama Nadine Heredia.

TELÓN DE FONDO. La Contraloría, al parecer, no ha perdido de vista las acciones de Nadine Heredia. Fue en julio de 2013 que el despacho de Khoury descubrió que las actividades de la Primera Dama, entre agosto de 2011 y marzo de 2013, costaron más de S/.2.5 millones.

Por si fuera poco, en el documento “Actividad de Control Nº 005-2013-DP/OCI” se lee que la Presidencia destinó S/.136,822 en 46 viajes, de los cuales 43 fueron al interior del país y tres al extranjero.

Como es público, en otro informe de actividad de control (Nº 015-2013-OCI-FAP) se llegó a la conclusión que en la Fuerza Aérea del Perú (FAP) gastó S/.1’913,504 por usar el avión presidencial. Fueron 41 viajes de los cuales Nadine Heredia formó parte.

El monto empleado por concepto de difusión de actividades oficiales, a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), terminó por encender las alarmas de la Contraloría. Se registró la difusión de 58 eventos promovidos por la esposa del presidente, Nadine Heredia, entre agosto 2011 y marzo 2013, lo cual le costó al Estado S/.451,305.

Por esas fechas, los radares de la Contraloría también detectaron que eran seis los asesores de Nadine Heredia, de los cuales solo cuatro están asignados a la planilla del Despacho Presidencial. De los 20 meses auditados, se probó que sus “asesorías” costaron S/.766,000.

DEFENSA. La Primera Dama Nadine Heredia salió al ruedo para desacreditar el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que reveló los depósitos a su cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP), por $215 mil, y que no existen nuevos elementos que sustenten una nueva investigación preliminar.

Dijo que las indagaciones, a cargo de Ricardo Rojas León, de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, tienen un “trasfondo político”.

Respondió, asimismo, al fiscal corporativo de Lavado de Activos, Marco Cárdenas, quien dijo que la nueva investigación se encuentra bien fundamentada.

“Él no está llevando mi caso. Hasta cierto punto, es raro que un fiscal que lleva el caso de una persona adelante opinión”, refirió Nadine Heredia.

A su turno, Quiroga precisó que no defenderá a Nadine Heredia por el caso “Antalsis”, sino únicamente en el caso que la involucra en un supuesto blanqueo de capitales producto del dinero que habría recibido en la campaña electoral del 2006, ya que, a su parecer, “no existen nuevos indicios para investigarla”. Por lo pronto, informó, no presentarán ningún hábeas corpus, y que esto responde a parte de su estrategia.