Waldemar Cerrón.
Waldemar Cerrón.

Una de las áreas parlamentarias que en setiembre pasó a depender de la Segunda Vicepresidencia del Congreso, a cargo de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, se ha convertido en una agencia de empleos de Perú Libre.

Los legisladores son testigos de que la Oficina de Asesoramiento Científico del Parlamento no solo ha alojado a militantes del lápiz, sino también a educadores, abogados y otros profesionales sin perfil de investigador.

El gasto que demanda este despacho es cuantioso, pues al mes le genera un costo al Parlamento 71 mil 320 soles. El empleado mejor remunerado del equipo recibe nada menos que 19 mil soles.

Pese al ingente gasto, durante la elaboración de este informe no se halló ninguna información interna o externa en el Portal del Congreso sobre la productividad del despacho en cuestión, lo que otras áreas parlamentarías sí realizan. Un ejemplo es la Oficina de Cooperación Internacional, el Fondo Editorial del Congreso o la Oficina de Participación Ciudadana.

Con el propósito de conocer el impacto de dicho despacho y que expliqué los criterios para la elección de su personal, Correo intentó comunicarse con Waldemar Cerrón, pero al cierre de esta edición no atendió nuestras llamadas o mensajes.

DESIGNACIONES

Una de las designaciones más críticas se produjo el 24 de noviembre de 2023, cuando el Legislativo dio por concluida el nombramiento de Walter Jesús Velásquez Godoy en el cargo de confianza de jefe del Área de Asesoramiento Científico, reconocido en el mundo de la investigación por haber creado el primer robot quechuahablante.

En su lugar ingresó Lizardo Chachi Montes, un educador con grado de doctor en Psicología Educacional por la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, y con maestría en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Ingresó a laborar con un suelo de 19,175 soles, pero hasta el momento no registra ninguna producción científica, según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ( Concytec).

Ese mismo mes se nombró a José Bada Flores, con un nivel salarial 8 y sueldo de 10,301 soles. En Concytec consignó que ostenta el grado de abogado por la Universidad José Carlos Mariátegui y que fue profesor en la Universidad Peruana del Centro, así como instructor en el Senati y responsable del área en la Dirección Regional de Junín de enero de 2011 a diciembre de 2015, justo cuando Vladimir Cerrón era gobernador.

Un mes antes, en octubre de 2023 y como a fines de enero informó el dominical Contracorriente, Ricardo Arturo Milla Toro pasó de la Oficina de Cooperación Internacional al Área de Asesoramiento Científico. Antes percibía 1,712 soles, pero ahora tiene una remuneración bruta de 10,301 soles.

Según Concytec, el citado funcionario es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también columnista y director periodístico -según su Linkedin- de Diario Uno. Asimismo, y quizá lo más importante, es militante de Perú Libre desde 2022.

En 2021, María Jesús Gutiérrez lo denunció por agredirla física y psicológicamente, en grado de tentativa de feminicidio. Milla Toro también registra otros señalamientos similares, pero en sus redes sociales el prófugo Cerrón lo felicita por cuestionar a “moralistas caviares”.

Otro trabajadora de esta oficina es Cecilia Prado Vilca, también militante de Perú Libre. Su cargo es de “profesional”, con una remuneración bruta de 10,301 soles. Ella es abogada por el Grupo Educativo Universidad Privada de Ica S.A.C. y en 2018 intentó postular como alcaldesa de Ventanilla. No registra ninguna publicación de investigación científica en Concytec.

De acuerdo con la Policía, un automóvil de propiedad de Prado Vilca era recurrente en uno de los inmuebles donde se habría ocultado de la justicia Vladimir Cerrón.

En la lista también se encuentra Elizabeth Quispe Mondargo, designada en octubre. Es bachiller en tecnología médica, con especialidad en terapia física y rehabilitación, y militante de Perú Libre desde setiembre de 2020.

Registra visitas al Congreso desde 2021, a las oficinas de Waldemar Cerrón (17, 23 y 24 de agosto) y los despachos de la legisladora Margot Palacios (20 de diciembre) y de Silvana Robles (21 de diciembre).

Antes de entrar a la oficina legislativa obtuvo diversas órdenes de servicio en el Estado. Uno de ellas data del 25 de noviembre de 2022, en el Ministerio de Salud, por un monto de 7 mil soles para cumplir actividades de gestión en el servicio de salud.

Otra es del 8 de marzo de 2023. Cobró 6 mil soles por una orden de servicios para el servicio de monitoreo relacionado con la salud. Luego ganó otra orden por 12 mil soles por similares funciones.

En la nómina se encuentra también Edilberto Cahuallanqui Berrocal. El 3 de octubre pasado se le designó jefe del Área de Asesoramiento Científico, pero tres días después la resolución quedó sin efecto. Según el portal de Transparencia del Congreso, él se registra como profesional en esa área desde enero presente, con una remuneración de 9,444 soles.

Es licenciado en Pedagogia y Humanidades por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cuenta con un doctorado y magíster en la Universidad Alas Peruanas. y registra una visita -el 16 de febrero de 2022- a Irvin Lette Ruiz, entonces coordinador del despacho de Cerrón.

Finalmente, el último empleado es Michael Rodríguez Velarde, quien a sus 20 años es auxiliar del área de asesoramiento científico con un sueldo de 2,945 soles.

PERFIL

Sobre el tema, el experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi indicó que todos los funcionarios de esa área deberían tener maestría o un doctorado en una universidad en el extranjero o una licenciada en Perú.

Sostuvo que también deberían tener publicaciones en revistas científicas o indexadas, que son las que están reconocidas internacionalmente para hacer publicaciones.

“Los que ostenten en esos cargos deberían ser científicos en medicina, medioambiente, industria; no abogados ni profesores. Es un botín de empleos”, remarcó.

Al ser consultado sobre Milla quien fue denunciado por su expareja como agresor, respondió lo siguiente: “Esa es responsabilidad de la jefa de oficina de Recursos Humanos. ¿Cómo permitió que se contrate a una persona ahí? Eso es gravísimo”.

Cabe indicar que Rospigliosi fue quien planteó la idea de crear esa área de asesoramiento científico en 2021, pero el tema se retomó en 2022 y recién en 2023 fue aprobada. En setiembre pasado, la oficina, que era de dependencia del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, pasó a manos de la Segunda Vicepresidencia del Congreso.