Una investigación revela que al menos 35 de los más buscados por la justicia peruana, incluidos en el Programa de Recompensas del Mininter, están inscritos como militantes activos en partidos políticos que participarán en las próximas elecciones generales. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
Una investigación revela que al menos 35 de los más buscados por la justicia peruana, incluidos en el Programa de Recompensas del Mininter, están inscritos como militantes activos en partidos políticos que participarán en las próximas elecciones generales. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)

Al menos 35 requisitoriados por delitos graves como homicidio, violación sexual, lavado de activos y narcotráfico figuran como afiliados activos a partidos políticos inscritos o en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según una investigación de RPP.

Entre los casos más notorios está José Antonio Aquino Montoro, incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) desde 2022 por homicidio. También Luis Francisco Pardo Paico, requisitoriado desde 2017 por violación sexual de un menor de edad, y Rosa Angélica Ayachi Ojanama, investigada por tráfico ilícito de drogas. Todos ellos figuran como militantes vigentes de agrupaciones políticas que participarán en los comicios de 2026.

El hallazgo surgió tras cruzar la lista oficial de 830 requisitoriados del Programa de Recompensas con el padrón de afiliados del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, evidenciando la falta de filtros en los partidos para evaluar a sus miembros, según advirtió el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta.

Los partidos con más requisitoriados afiliados

Perú Libre lidera el listado con seis personas buscadas por la justicia, incluyendo a Vladimir Cerrón, con orden de captura vigente por organización criminal y colusión agravada.

  • Francisco Muedas Santana, exfuncionario del Gobierno Regional de Junín e investigado por integrar la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”. Se pide 50 mil soles por información sobre su paradero.
  • Juan Milner Cruzado Silva (actos contra el pudor en menores)
  • Santos Bruno Román Herrera (tráfico ilícito de drogas)
  • Juan Boza Yarice (violación sexual contra menores)
  • Wilfredo Jesús Morales (violación sexual contra menores)

Por los dos último se pide 15 mil soles por información sobre sus paraderos.

Alianza para el Progreso (APP) figura con cinco afiliados requisitoriados

  • Yudith Ramírez Ysuiza (trata de personas y con solicitud de extradición desde Argentina)
  • Eliseo Ríos Sebastian, investigado por tráfico ilícito de drogas, afiliado en 2017 pese a ya estar incluido en el programa de recompensas desde 2016.
  • José Antonio Aquino Montoro (homicidio calificado)
  • Melita Esther Alayo Castillo (tráfico ilícito de drogas)
  • Marcos Antonio Guerrero Dávila (violación sexual contra un menor)

Acción Popular también suma cinco miembros buscados, con acusaciones que van desde tráfico ilícito de drogas hasta violación sexual.

  • Grace Hainy Carrillo Ríos (asociación ilícita para delinquir-extorsión)
  • Rosa Angélica Ayachi Ojanama (tráfico ilícito de drogas)
  • Víctor Orestes Rosas Guzmán (violación sexual)
  • Gilter Roniel Ojanama Caritimari (violación sexual)
  • Arturo Carrasco Bolívar (violación sexual)

El presidente del partido, Julio Chávez Chiong, señaló que activarán mecanismos internos para revisar y, de ser necesario, expulsar a estos integrantes.

¿Pueden postular a cargos públicos?

Según el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, solo las personas con sentencia condenatoria en primera instancia o firme están impedidas de postular. Esto significa que mientras no haya una condena, los requisitoriados pueden militar en partidos y hasta ser candidatos.

El abogado José Manuel Villalobos explicó que la presunción de inocencia ampara legalmente su participación, aunque esto no exime de responsabilidad ética a las organizaciones políticas.

Para el analista Fernando Rodríguez Pastor, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, es urgente que se implemente una gestión interinstitucional que permita alertar públicamente sobre estos casos y depurar los padrones.

En noviembre de 2025 se realizarán las elecciones internas para definir candidatos. Si alguno de estos requisitoriados busca postular, deberá incluir su situación legal en la hoja de vida, lo que abrirá el proceso de tachas ciudadanas, posible vía para excluirlos.

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