Ayacucho: Elaboraron expediente técnico deficiente y pagaron más de 700 mil soles

La gestión de Carlos Rúa Carbajal está a punto a culminar y se irá con varias investigaciones, como la última denuncia sobre un perjuicio económico de más de 700 mil soles que involucra al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider).

De acuerdo a las investigaciones de La Contraloría, dicha entidad que pertenece al Gobierno Regional de Ayacucho, pagó por un expediente técnico deficiente, incongruente y carente de estudios.

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El Informe de Control Específico N° 014-2022-2-5997, indica que el PRIDER contrató una empresa consultora para la formulación del estudio de pre inversión, a nivel de factibilidad, y la elaboración del expediente técnico para la Construcción de la represa Chanquil y del Sistema de riego Chanquil-Incaraccay, en la provincia de Cangallo.

La suma fue de un millón 051 mil soles; sin embargo, presenta una serie de observaciones, por estar incompletos, generando un perjuicio económico de unos 751 mil 044 soles. Más de medio de millón de soles.

La comisión de control, logró identificar que la consultora no presentó en el expediente técnico los planos geofísicos, estudios de diseño hidraúlico, trabajos de batimetría, certificación ambiental, entre otros y pese a todo ello, y no culminar con la subsanación de las observaciones, fue aprobado con acto resolutivo por la entidad antes señala.

Una de las entidades que observó las irregularidades, fue nada menos que el Ministerio de Agricultura y Riego, quien precisamente, iba a financiar el proyecto.

Pero, pese a reiteradas observaciones, el expediente técnico continuó sin ser subsanados por el consultor desde el 2015 hasta febrero de 2022. Es decir, 7 años en los cuales el perjudicado fue el gobierno regional.

Todo ello conllevó a que se determinara que el expediente técnico no era de utilidad por carecer de valor técnico y legal, al no cumplir con las condiciones técnicas según la normativa aplicable, solicitando reformularse completamente.

El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del PRIDER halló la presunta responsabilidad penal y administrativa en seis funcionarios.

Los hechos descritos en el informe se comunicaron al gobernador regional y al actual director del PRIDER para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares; así como, al procurador público especializado en delitos de corrupción para iniciar las acciones penales. El informe es de acceso a la ciudadanía ya que se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control.