La Contraloría General detectó pagos en exceso y la inaplicación de penalidad por la falta de permanencia de personal clave en el mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos de un parque de la urbanización San Andrés, situación que ha ocasionado un perjuicio económico superior a los S/ 109 mil en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (Trujillo).
Según el Informe de Control Específico N.º 025-2021-2-0424-SCE, la comisión auditora comprobó la falta de permanencia del residente de obra y la ausencia del ingeniero de seguridad de obra. Cuatro funcionarios tienen presunta responsabilidad civil y/o penal en estos hechos.
De acuerdo a las indagaciones realizadas, el residente de obra participó -en forma simultánea- en cuatro obras públicas: en la rehabilitación y restitución de la infraestructura de un colegio en Salaverry (noviembre de 2020 - febrero de 2021); en la rehabilitación de una avenida en Virú (noviembre de 2020 - enero de 2021); en la rehabilitación de un colegio en Chao (enero - febrero de 2021); y en el mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico en Condormarca - Bolívar (diciembre de 2020 - enero de 2021). En esta última obra fue acreditado como supervisor.
Para la comisión auditora no es factible que dicho profesional haya estado en forma permanente y exclusiva, como la Ley de Contrataciones del Estado lo exige, tanto en la obra de Víctor Larco Herrera como en las obras de Salaverry, Virú, Chao y Condomarca.
En el caso del ingeniero de seguridad de obra se comprobó que su relación contractual con el contratista fue solo para la elaboración del Plan de Seguridad de la Obra y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo; por lo tanto, no participó en la ejecución de la obra de Víctor Larco Herrera ya que, además, participó en una obra ejecutada por Sedalib S.A. (noviembre de 2020 - julio de 2021).
Por lo expuesto, la Contraloría General recomienda a su Procurador Público iniciar las acciones legales civiles contra los que actuaron como gerente de Obras y Desarrollo Urbano, sub gerente de Obras y Proyectos e Ingeniero I de la sub gerencia de Obras y Proyectos. Asimismo, encomienda que el procurador público especializado en delitos de corrupción inicie las acciones legales penales contra el supervisor de la obra.