Personal clave no trabajó en forma permanente en obra, pero igual cobró por servicios no prestados.
Personal clave no trabajó en forma permanente en obra, pero igual cobró por servicios no prestados.

La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 679 mil en la Municipalidad Distrital de Ongón (Pataz) durante la ejecución y liquidación de la obra de ‘Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de letrinas con arrastre hidráulico y biodigestores en la localidad de Ongón’. Se identificó responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios y exfuncionarios.

En la Auditoría de Cumplimiento N° 20289-2021-CG/GRLIB-AC se constató que el plazo contractual que otorgó la entidad culminó el 14 de setiembre del 2019, pero los trabajos se terminaron el 13 de noviembre del 2019, situación que ameritó el cobro de penalidades. Sin embargo, estos hechos no fueron advertidos por los funcionarios que dieron la conformidad y liquidaron el contrato de obra.

Además, se identificó que el ingeniero residente propuesto inicialmente por el contratista, así como su reemplazo, ocuparon cargos de jefes de supervisión en obras en otras jurisdicciones diferentes a Ongón durante el periodo de ejecución del proyecto. Sumado a ello, el profesional ofertado como asistente de residente también se desempeñó, en simultáneo, en el puesto de residente en otras obras públicas convocadas por el Instituto Tecnológico de la Producción y la Municipalidad Distrital de San Benito, situación que vulnera la Ley de Contrataciones del Estado.

Ello evidencia que los mencionados profesionales no desempeñaron labores de manera directa y permanente en la obra convocada por la Municipalidad Distrital de Ongón; pero los funcionarios de la entidad pagaron por servicios no prestados.

También se aprobaron y pagaron valorizaciones que incluían metrados no ejecutados referidos a los componentes línea de conducción y aducción de agua potable, conexiones domiciliarias de alcantarillado, flete terrestre, entre otros.

El informe de control fue notificado al Procurador Público de la Contraloría General de la República para que inicie acciones legales contra los funcionarios responsables. Asimismo, se notificó al titular de la entidad para que inicie las acciones administrativas correspondientes contra los funcionarios y servidores comprendidos en estos hechos irregulares.