Durante la última semana, ha quedado claro que el gobierno del presidente Pedro Castillo no tiene la menor voluntad política de cumplir su rol de poner orden en las vías nacionales que han sido tomadas por gente que actúa al margen de la ley, para así permitir el normal desarrollo de la actividad minera formal que da empleo y tributa al Estado bajo la supervisión estatal.

Lamentablemente, es lo único que se podía esperar de un régimen autodefinido en el ideario de Perú Libre como marxista leninista, encabezado por un radical trasnochado y sin al menos conocimientos básicos de economía, que además ha nombrado como premier a una abogada abiertamente antiminera como Mirtha Vásquez, la que “anunció” unilateralmente el cierre de actividades extractivas.

El gran problema es que las consecuencias de este absurdo las pagarán las miles de personas que perderán sus empleos –directos e indirectos– en el sector minero, y aquellas peruanos pobres que no podrán acceder a la asistencia de un Estado sin recursos, pues el dinero no se genera con discursos, ideologías, decretos ni reuniones clandestinas en Breña.

El barco ha comenzado a hundirse, y el capitán no puede o no quiere hacer algo al respecto. Una lástima haber llegado así a los 200 años de nuestra existencia como país.

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