Manipulación marxista de la justicia… ¿hasta cuándo?

En una de las épocas más brutales de la insania de Sendero Luminoso contra la sociedad peruana, el día 18 junio 1986, a las seis de la mañana, se produjo en forma concertada y simultánea el motín de presidiarios acusados por delitos de terrorismo en los penales de San Juan de Lurigancho, Santa Bárbara y San Juan Bautista (El Frontón). Por acuerdo unánime del Consejo de Ministros, se consideró la necesidad de restablecer el orden con máxima energía, disponiendo la participación de las Fuerzas Armadas.

En el caso de El Frontón, el penal estaba a cargo de la Guardia Republicana; pero ese día se supo que, desde tiempo atrás, parte del control había sido usurpado por los terroristas, quienes en el motín tomaron como rehenes a tres republicanos y los despojaron de tres fusiles y una ametralladora. La orden gubernamental para actuar escalonadamente se inició a una de la tarde del día 18. Intervinieron una “comisión de paz”, un juez del Callao y el fiscal de turno, sin éxito. Ante esta situación el Gobierno dispuso inicialmente la participación de la Marina como apoyo a la Guardia Republicana.

Los terroristas se encontraban en el denominado Pabellón Azul, donde habían autoconstruido infraestructura adicional con material noble obtenido misteriosamente, que consistía en cuatro túneles, laberintos, parapetos, refugio subterráneo para 150 personas, elementos de camuflaje y protección física; todo ello creaba condiciones favorables para hacer frente a una incursión externa. Contaban con armas de guerra, municiones, explosivos y armas artesanales como pistolas, flechas que impregnadas con excremento se volvían letales y trampas caza bobos. Asimismo, tenían reserva de plasma y sangre. Al alba del día 19, se les pidió su rendición; como respuesta, los terroristas abrieron fuego y asesinaron a un técnico de Marina. Por ello, se produjo un enfrentamiento que originó la caída parcial del edificio. Al promediar el mediodía, se hicieron presentes altas autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Fiscalía, quienes presenciaron las acciones hasta las tres de la tarde, cuando finalmente se controló el motín. Los rehenes rescatados informaron que al interior los propios terroristas mataban a sus compañeros que pretendían rendirse.

El resultado de las acciones arrojó tres fallecidos y catorce heridos de la Marina; un fallecido y cinco heridos de la Guardia Republicana; y 34 terroristas rendidos, de los cuales cinco fueron rescatados en días posteriores. El seis de diciembre 1987, en Bolivia, fue asesinado el capitán de navío Juan Vega Llona, jefe del operativo.

Como se aprecia, es inobjetable que lo sucedido en El Frontón fue un enfrentamiento entre fuerzas del Estado contra un grupo de terroristas armados que pretendían apoyar la lucha armada y el establecimiento de la senderista “república popular de la nueva democracia”.

Hoy, 31 años después, marxistas de diversas tendencias -actuando en los campos jurídico y mediático a través de tres ONG no acreditadas para participar en el proceso del caso El Frontón- pretenden romper el principio jurídico universal de la no retroactividad. Así, manipulan a fiscales y a jueces para que apliquen el delito de lesa humanidad -inexistente cuando se produjo el hecho- y peor aun pretenden inculpar a marinos que no cometieron delito alguno; pues actuaron por orden del Supremo Gobierno en cumplimiento de su deber constitucional de defender el Estado de Derecho, neutralizando en un enfrentamiento a presidiarios terroristas armados. De esta manera, contribuyeron a la victoria final que permitió sentar las bases para el desarrollo socioeconómico del Perú del siglo XXI.