Un resumen de lo vivido en casi ocho meses de gobierno nos brinda claridad sobre la continuidad del presidente de la República: el despacho presidencial paralelo en Breña, el supuesto tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, intervención en la licitación del Proyecto Puente Tarata III (San Martín), también en la licitación para abastecer de biodiesel B100 a Petroperú (periodo enero-abril 2022), la fiesta de cumpleaños de su menor hija violando el principio de transparencia, su injerencia en el proceso de ascensos en la Policía Nacional, la existencia de un gabinete paralelo, sus declaraciones para dar acceso al mar a Bolivia que afectan la integridad territorial y sus contradicciones descubiertas por la fiscalía. Todas ellas son un conjunto de indicios sumados a las graves revelaciones que, a través de una colaboración eficaz, recaen en el jefe de Estado y producen consecuencias directas para la conducción del ejecutivo.

Si a ello sumamos que sus cuatro gabinetes han estado integrados por personas con serios cuestionamientos éticos y profesionales, el jefe de Estado parece vivir su último año de mandato cuando se trata del primero, pues, al quinto año es más difícil formar o completar un gabinete por el desgaste natural de estar de salida.

El agravante de esta situación es que la integridad y capacidad personal de sus ministros no sea mejor sino lo contrario. Por sentido común, los mejores cuadros técnicos no participarán en un gobierno para refrendar actos de un presidente cuestionado por indicios de corrupción (artículo 120 CP). En la otra orilla está el Congreso, reclamando pruebas para una suspensión o vacancia presidencial cuando no le corresponde actuar como titular de la acción penal ni administrar justicia, sino valorar políticamente los indicios de una presidencia fallida que no brinda garantías para una conducción proba y competente.