El gobierno del presidente Francisco Sagasti ha reaccionado de manera legítima y de acuerdo a ley al disponer la movilización de personal militar y policial con sus respectivos vehículos a la frontera norte, para evitar el ingreso libre de más contagiados por COVID y de ciudadanos extranjeros que por alguna razón optan por no pasar a nuestro territorio de manera lícita.

Desde que empezó el drama del pueblo de Venezuela por acción de la dictadura chavista, el Perú ha dado suficientes muestras de tener la mejor disposición para recibir a cientos de miles de venezolanos que salieron de su hogar en busca de un mejor futuro. Sin embargo, el gobierno de Lima está en la obligación de impedir las entradas ilegales que constituyan un peligro para nuestros ciudadanos.

Cualquier ciudadano que opte por entrar al Perú tiene que hacerlo de manera formal y siguiendo los controles migratorios y sanitarios creados para tal fin. Lo que no se puede permitir es el ingreso de extranjeros a través de trochas, canales y pasos clandestinos. Y para evitar eso están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso sucede en cualquier parte del mundo.

Evidentemente esta medida no viola ningún derecho humano, como ha señalado por allí la ONG Amnistía Internacional. Bienvenidos los extranjeros al Perú, pero dentro de la ley y siguiendo todos los procedimientos fijados para tal fin.