Los congresistas deben legitimar su labor, no solo por medio de la calidad de su trabajo legislativo, sino también —como toda persona— por una integridad ética, más aún cuando se cuenta con una responsabilidad tan grande como la representación nacional. Sin embargo, en sus decisiones prácticas, como la que trascendió esta semana con la adenda del contrato para convertir los almuerzos en el hemiciclo en servicio de buffet, actúan con más fuerza los criterios de corto plazo, como sacar todo el provecho individual posible mientras puedan y considerar que no hacerlo sería pecar de tonto, no importa si con ello se hunde aún más el prestigio de la corporación.

Tal vez estamos palpando que la reforma política que impidió a los congresistas hacer carrera política y que buscaba renovar cuadros políticos y mejorar la actividad legislativa, haya traído las consecuencias contrarias a las esperadas. Esta logró en su momento sacar a los congresistas de carrera, como Víctor Andrés Belaúnde, Mauricio Mulder y Yonhy Lescano del hemiciclo, pero quienes los reemplazaron no han sido mejores, y es que las últimas dos legislaturas han arrojado decisiones afincadas en el corto plazo, populismo y desinterés por la probidad en la función pública.

Una muestra de este panorama es que hoy el Ministerio Público está investigando no a uno, sino a varios congresistas de diversos partidos por delitos como el del fallecido excongresista Moisés Mamani, por intercambio de contratos por apoyo legislativo frente a una posible vacancia presidencial. Y es que, la lógica del corto plazo, conduce no solo a abusar del erario público en los propios términos de la función congresal, como el buffet, sino en peores términos con la mercantilización del apoyo legislativo por los contratos, conduciendo así, a un escenario más oscuro, las elecciones por venir.


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