“Lentejeros” en el banquillo

Han pasado casi cinco años desde que Pepe Julio Gutiérrez y sus revoltosos pusieron de cabeza el valle del Tambo y la región Arequipa como parte de sus violentos e ilegales reclamos contra el proyecto Tía María, que hasta ahora no ve la luz pese a los grandes beneficios que traería a su zona de influencia y al país. El martes último ha empezado el juicio oral contra todos estos personajes, para los que la Fiscalía ha pedido duras penas y una gran reparación civil.

En este caso, la justicia debería aplicar el mismo criterio que primó para mandar a la cárcel a otro revoltoso del sur del país. Me refiero a Walter Aduviri, quien se fue adentro por protagonizar actos violentos y desmanes en 2011, durante el llamado “aymarazo”, también contra un proyecto minero. Los jueces deben de tener muy en claro que una cosa es reclamar y estar en contra de algo, y otras es movilizar turbas y atacar la propiedad pública y privada.

Acá no se estaría “criminalizando la protesta”, sino aplicando las leyes para situaciones como estas. Todo lo contrario, sucede, por ejemplo, con el ciudadano Patricio Cardama Febres, quien es sindicado por peritajes policiales como uno de los responsables de la quema de un patrullero en pleno Centro de Lima, durante una marcha. Esto sucedió el cinco de junio de 2018, hace casi dos años, pero hasta ahora la justicia no lo toca. El hombre anda feliz de la vida.

Pero volviendo a Pepe Julio Gutiérrez y los otros 14 implicados en actos violentos en el valle del Tambo y extorsión, es necesario que la justicia fije un muy necesario precedente, a fin de que cualquier aspirante a revoltoso lo piense dos veces antes de tomar una carretera, atacar a la propiedad pública y privada, apedrear vehículos que nada tienen que ver con sus reclamos, o enfrentarse con palos a efectivos de la Policía Nacional.

Los jueces de Arequipa que llevan este caso tienen la obligación de actuar con la ley en la mano, sin presiones de grupos que suelen salir en defensa de revoltosos y violentistas. La Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para el “lentejero” Pepe Julio Gutiérrez y penas de entre 14 y 20 años para los demás, entre ellos varios alcaldes y exalcaldes, así como una reparación civil conjunta de más de diez millones de soles. Se tiene que dar la sanción que disponga el Código Penal, ni más ni menos.