Fuera de las millonarias pérdidas que sufren diversos sectores económicos afectados por las protestas, el principal costo de la interminable crisis política en la que nos encontramos es que los grupos violentistas están aprovechando el caos para sumarse a los ataques al Estado, en especial a la Policía Nacional del Perú.

A los vándalos que se infiltran para causar desmanes dentro de las protestas a nivel nacional se suma que, la noche del jueves, un policía fue secuestrado por seudomanifestantes en la comunidad de Huancabamba, provincia de Andahuylas (Apurímac) y que, finalmente, fue liberado con varias heridas, mientras que ayer, siete agentes de la PNP fueron asesinados por narcoterroristas vinculados al ‘camarada José’ cuando transitaban por el centro poblado Natividad el  distrito de Pichari, en la provincia La Convención (Cusco). Muchos, especialmente los que quieren pasar por agua tibia a los vándalos detrás de los desmanes, saldrán a decir que lo que ocurre en el VRAEM no es nuevo, que siempre ocurren estos asesinatos, como si la vida de los agentes no importara, pero lo único que estas muertes demuestran es que la Policía está abandonada hace más de 30 años y que está siendo superada en todos los frentes y, aún así, se le exige que controle el caos en el que estamos cuando van mal equipados y los envían a morir, como carne de cañón.

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