Desde hace dos meses los peruanos y al parecer también el Congreso están centrados en el golpe de Estado que dio Pedro Castillo al mediodía del 7 de diciembre del año pasado con la intención de cerrar el Congreso, adueñarse de todo el sistema de justicia a través, incluso, de la detención de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, e imponernos una ilegal asamblea constituyente, por lo cual está bien preso en el penal Barbadillo.

Sin embargo, no olvidemos que cuando este sujeto decidió salirse del orden constitucional, ya acumulaba un rosario de investigaciones por corrupción de las que hoy poco se habla y que tendrían que seguir su curso, pues al ya no ser presidente del Perú, el profesor ya podría ir respondiendo por el rol de cabecilla de una banda de saqueadores de las arcas públicas. Hoy se verá uno de los casos en la Comisión Permanente, pero no es suficiente.

El Congreso está en la obligación de tramitar sin más pérdida de tiempo las acusaciones constitucionales que se han planteado en contra de Castillo, ahora que ya no tiene la protección que le daba la Constitución al ejercer el cargo de jefe de Estado. El sujeto incluso ha sido acusado por testigos de recibir dinero en efectivo. Esta demora ha sido advertida desde hace varias semanas por ex procurador anticorrupción César Azabache.

En la entrevista clandestina dada hace pocos días a un medio español, Castillo aprovecha que no le hacen pregunta alguna sobre los casos penales que pesan en su contra por robos al Estado, para centrar sus problemas judiciales en los sucesos del 7 de diciembre, cuando lo cierto es que el hombre tendría que pasar muchos años tras las rejas no solo por su condición de golpista, sino sobre todo por los actos de corrupción que habría cometido desde que llegó al poder.

El Congreso tiene que hacer su trabajo, y de paso mostrar al Perú y al mundo los actos cometidos por este sujeto antes de salirse del cauce constitucional, los cuales son muy graves y no encajan en la trillada historia del “perseguido político” que nos quiere vender el profesor junto a sus escuderos locales y del exterior que más parecen cómplices. El mejor remedio contra estas mentiras es aplicar justicia de manera oportuna.

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